- Busca que se actualicen los protocolos escolares ante desastres naturales y contingencias sanitarias sin afectar el derecho a la educación
La diputada Evelyn Sánchez Sánchez, presentó iniciativa de reforma a la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y de la Ley de Seguridad Escolar del Estado, ambas del Estado de Baja California, para incorporar la cultura de protección civil al sistema educativo y actualizar los protocolos escolares.
La legisladora argumentó la importancia de que ambos ordenamientos reconozcan explícitamente la seguridad y la emergencia escolar como componentes esenciales dentro de la gestión de riesgos; además busca garantizar mecanismos eficaces de prevención, protección, atención y recuperación para la comunidad escolar.
Experiencias como la pandemia por COVID-19 y los efectos recurrentes de fenómenos meteorológicos han demostrado la vulnerabilidad del sector educativo frente a estas situaciones; la falta de protocolos eficaces, infraestructura adecuada y programas de prevención en muchas escuelas ha llevado al cierre de planteles por ciertos periodos, afectando el derecho a la educación.
La diputada Evelyn Sánchez señaló que, si bien la legislación reconoce la importancia de la cultura de protección civil, aún no contempla específicamente la seguridad escolar dentro de su marco normativo ni exige programas de emergencia diseñados para entornos educativos.
Esta propuesta busca armonizar la legislación local con la Ley General de Protección Civil y la Agenda 2030, particularmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado con una educación de calidad y segura.
La iniciativa busca incorporar expresamente la seguridad y la emergencia escolar; promover la creación de programas internos de protección civil en las escuelas; establecer la capacitación obligatoria para docentes y personal escolar en materia de prevención; integrar contenidos de protección civil en los planes de estudio de todos los niveles educativos; garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir información, orientación y protección ante riesgos naturales y sanitarios; y vincular jurídicamente a las autoridades educativas con las unidades de protección civil estatales y municipales.