- Busca reducir cargas económicas para pequeños productores, campesinos y ejidatarios, además de brindar mayor certeza jurídica.
Para evitar costos notariales desproporcionados para pequeños productores, campesinos y ejidatarios que rentan tierras de cultivo o agostadero, el diputado Danny Fidel Mogollón Pérez presentó una iniciativa para actualizar el monto establecido en el Código Civil de Baja California que determina cuándo un contrato de arrendamiento de un predio rústico debe formalizarse mediante escritura pública.
La propuesta plantea reformar el Código Civil estatal, que actualmente establece esta obligación cuando la renta de un predio rústico supera los cinco mil pesos anuales, cantidad que, debido a los procesos inflacionarios y al incremento de los valores inmobiliarios y agropecuarios, ya no corresponde con la realidad económica.
El legislador señaló que el monto vigente equivale a poco más de 416 pesos mensuales, por lo que prácticamente cualquier arrendamiento rural puede superar actualmente ese límite y esta situación provoca que una disposición concebida para operaciones de mayor relevancia económica se aplique a contratos de menor cuantía o pierda eficacia en la práctica.
Mogollón Pérez advirtió que esta condición afecta principalmente a pequeños productores, campesinos y ejidatarios, quienes pueden enfrentar gastos notariales derivados de la obligación de formalizar sus contratos mediante escritura pública.
Ante esta situación, la iniciativa propone sustituir el monto fijo por un parámetro de 1,605 Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales, con el propósito de que la legislación se adapte a las condiciones económicas y conserve su vigencia frente a los efectos de la inflación.
Con esta modificación se busca que la obligación de otorgar escritura pública se concentre en arrendamientos rústicos de mediana y alta relevancia económica, mientras que las operaciones de menor cuantía cuenten con condiciones legales acordes con la realidad del sector rural.
La utilización de la UMA como referencia también permitiría evitar que el monto establecido en la legislación pierda valor con el paso del tiempo y reduciría la necesidad de realizar reformas periódicas para actualizar cantidades expresadas en pesos. Asimismo, la propuesta plantea fortalecer la certeza jurídica de quienes participan en contratos de arrendamiento de tierras y proteger el patrimonio de las partes contratantes.
La reforma propuesta también busca armonizar el Código Civil estatal con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.