- La Presidenta del Poder Legislativo presentó un paquete legislativo que blinda el acceso equitativo a la ciudad desde la Constitución .
La diputada Liliana Michel Sánchez Allende, presentó una reforma integral a la Constitución Política del Estado para elevar el Derecho a la Ciudad a rango de derecho humano, con lo que se busca transformar la visión de gobierno para asegurar que los asentamientos humanos coloquen a las personas en el centro de toda política pública.
La inicialista explicó que el Derecho a la Ciudad es la facultad de todas las personas a habitar, usar, producir y disfrutar ciudades justas, seguras y sostenibles, en ese sentido, la reforma constitucional obliga a los gobiernos a garantizar una movilidad eficiente, vivienda y espacios dignos bajo criterios de justicia social, así como a regir los planes de desarrollo bajo parámetros estrictos de equidad, inclusión, sustentabilidad ambiental y resiliencia ante riesgos.
Como complemento necesario, la legisladora también agregó una reforma a la Ley de Desarrollo Urbano para integrar este principio en la operación cotidiana de las ciudades.
A través de la adición del artículo 3 BIS, se establece un marco legal firme que marca un límite al crecimiento urbano desarticulado que afecta históricamente a los municipios.
La propuesta reconoce las barreras estructurales que enfrentan principalmente las mujeres, niñas, personas mayores y grupos históricamente vulnerados, por ello, introduce la perspectiva de género y la accesibilidad universal como mandatos ineludibles tanto en la máxima ley estatal como en la gestión del territorio municipal.
«Las ciudades deben construirse para las personas y no para la especulación inmobiliaria; garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos es la base para una vida digna», destacó.
Asimismo, estas medidas frenan la destrucción de áreas de conservación, priorizan la movilidad peatonal y ciclista sobre el modelo tradicional centrado en el automóvil.
El marco jurídico también fortalece la protección del espacio público, impidiendo su desaparición ante intereses particulares, mientras asegura que la gestión territorial proteja suelos de alta calidad agropecuaria.Al tratarse de una reforma a la Constitución, el proyecto marcaría un cambio definitivo en el rumbo de la planeación urbana en la región y, con estas acciones, Baja California armonizaría la legislación local con las normas federales y los tratados internacionales de ONU-Hábitat.