• La diputada Alejandrina Corral Quintero, presentó iniciativa de que reforma la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
La diputada Alejandrina Corral Quintero, presentó iniciativa de que reforma la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Baja California (LRAEBC), con el objetivo de endurecer las políticas de responsabilidad administrativa imponiendo sanciones más severas que inhiban a los servidores públicos a realizar violencia contra las mujeres mediante cualquier acción, conducta u omisión basada en su género.
En la exposición de motivos, la legisladora indicó que en el ámbito administrativo (LRAEBC), no existe claridad en la tipificación de faltas administrativas que inhiban cualquier conducta de violencia contra las mujeres, lo que propicia que su acreditación y sanción quede al arbitrio de cada autoridad.
La inicialista propone reforzar el marco legal estableciendo en la ley que: “incurrirá en Abuso de funciones la persona servidora o servidor público que realice por sí o a través de un tercero, además de las conductas relacionadas con la violencia política en contra las mujeres que ya contempla la ley de la materia, cualquiera de los tipos de violencia contra las mujeres previstos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California”.
Es decir que incurrirá también en abuso de funciones, la persona servidora pública que cometa violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, obstétrica, digital, mediática, vicaria, familiar, laboral y docente, hostigamiento sexual y acoso sexual, institucional, en comunidad y feminicida.
Subrayó que resulta fundamental señalar que la igualdad y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia no es una ideología, se trata de los derechos humanos de las mujeres, por lo que las personas servidoras públicas en todos los niveles están obligadas a respetar y promover estos derechos; razón de esto es importante endurecer las políticas de responsabilidad administrativa imponiendo sanciones más severas,
Refirió que en consideración a que la violencia contra las mujeres es una problemática social extendida y multidimensional que, además de constituir una grave violación a los derechos fundamentales de las mujeres, impacta negativamente en la salud pública, la seguridad, la economía y la estabilidad social, resulta en la necesidad de que el Estado garantice el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en todos sus ámbitos.