● Este programa, creado y promovido por la Gobernadora, es un avance de los derechos de las mujeres para combatir la violencia económica.
La diputada Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para reconocer el derecho de las mujeres autónomas a recibir un apoyo económico por parte del Estado de manera periódica, a través del programa denominado “Tarjeta Violeta”.
En la iniciativa, turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, plantea que es necesario convertir este programa, creado y promovido por la Gobernadora Marina del Pilar Ávila, en un derecho establecido en la Constitución local para evitar un retroceso en el avance de los derechos de las mujeres y continuar con los programas que procuran crear condiciones de igualdad sustantiva y que combatan la violencia económica contra las mujeres.
La diputada morenista enfatizó que, en el contexto particular de Baja California, de acuerdo al censo población 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 33% de los hogares tiene como persona de referencia como jefa de familia, ocupando el lugar 10 de hogares encabezados por una mujer a nivel nacional, con un total de 302 mil 477 madres jefas de familia.
En ese contexto indicó que las mujeres se enfrentan de forma diferenciada a la sociedad, en su mayoría se hacen cargo del cuidado y crianza de hijas e hijos, en muchas ocasiones sin el cumplimiento de las obligaciones alimentarias del padre.
Agregó que apoyar a las mujeres jefas de familia con un programa social que contribuya a su ingreso, las empodera económicamente para que puedan afrontar de una mejor manera su situación, por lo que es imprescindible elevar como un derecho constitucional local la política pública de “Tarjeta violeta”.
Cabe mencionar que dicho programa ya existe en la entidad y está dirigido a mujeres de 18 a 64 años, que se encuentren en situación de vulnerabilidad, derivado de limitadas oportunidades laborales, educativas, de salud, seguridad social, familiar y de desarrollo personal, prioritariamente aquellas que su domicilio se ubique en las zonas urbanas y sub-urbanas de las cabeceras municipales, en colonias que presentan rezago social y riesgo para la integridad de las mujeres.
Subrayó que el impacto presupuestal de esta propuesta será solicitado a la Secretaría de Hacienda del Estado, durante su proceso legislativo y antes de su aprobación, sin embargo, debe considerarse que la redacción de la propia adición constitucional prevé que el programa esté sujeto al presupuesto aprobado, por lo que no sería necesario hacer modificaciones programáticas ni presupuestales y se estima no requerir viabilidad más allá de la que este gobierno ya le ha otorgado.