- Exhorta al Secretario General y al del Trabajo a garantizar acompañamiento integral a la familia.
- Además denuncia explotación laboral y exige sanciones efectivas para gasolineras Mobil (antes Chevron).
En sesión plenaria, la diputada Yohana Gilvaja presentó un exhorto al Secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, y al Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, Alejandro Arregui Ibarra, para que brinden acompañamiento integral a la esposa de Servando Salazar Cano, desaparecido en su centro de trabajo, a fin de que reciba las indemnizaciones que en derecho corresponden por la pérdida de su esposo.
La legisladora acusó que mientras el Estado fue eficiente para recaudar una multa de 10 millones de pesos a la empresa responsable, ha sido incapaz de garantizar reparación a la familia afectada.
“Que nadie pretenda cubrirse con discursos de derechos laborales porque lo ocurrido no refleja justicia sino un esquema de recaudación sin reparación, se observa un gobierno firme para cobrar pero débil al momento de responder a las familias, no hablamos de una falla aislada sino de un sistema que prioriza el cobro y deja en el abandono a quienes más necesitan protección”, refirió.
En ese sentido fue enfática al exigir que se garantice de inmediato la indemnización y la protección a la familia de Servando Salazar, que continúa esperando justicia, al subrayar que Baja California no puede ser un lugar donde el trabajador desaparezca, el gobierno cobre y la familia quede relegada al olvido.
Asimismo, Yohana Gilvaja denunció que en gasolineras como Mobil (antes Chevron) existen esquemas de explotación laboral donde trabajadores no reciben sueldo y dependen únicamente de propinas, situación reconocida por la propia Secretaría del Trabajo. “Cuando el gobierno inspecciona y no castiga, no está corrigiendo”, advirtió.
Por ello, el exhorto también solicita al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, que informe al Congreso los resultados de las inspecciones realizadas, los procedimientos administrativos abiertos y las sanciones aplicadas en centros de trabajo que vulneran los derechos de las y los trabajadores.
El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de las y los legisladores presentes, en aras de fortalecer la justicia laboral y garantizar condiciones dignas para las familias y trabajadores de Baja California, reafirmando el compromiso del Congreso del Estado con la protección de los derechos fundamentales.