- La Red de Mujeres Unidas por Baja California, encabezada por su presidenta Vanesa García y su vicepresidenta Daniela García Salgado, presentará ante el Congreso del Estado de Baja California una iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar con mayor severidad las uniones forzadas de niñas, niños y adolescentes.
Esta propuesta surge a partir de un planteamiento de la activista Eufrocina Cruz, quien convocó a la Red a trabajar en la materia. La comisión encargada de su elaboración estuvo integrada por las integrantes de la Red Corina López y Blanca Maldonado, junto con especialistas en derechos humanos y perspectiva de género.
Aunque en México se han realizado esfuerzos legislativos, la práctica de matrimonios y uniones tempranas y forzadas sigue siendo un problema grave. De acuerdo con datos del INEGI y de organismos internacionales, cientos de niñas y adolescentes en comunidades indígenas y rurales continúan siendo obligadas a casarse o cohabitar con adultos cada año, lo que vulnera su salud, su educación y sus oportunidades de vida. En estados como Guerrero, Chiapas, Estado de México, Coahuila y Michoacán, la prevalencia de matrimonios infantiles sigue siendo alarmante; en 2020 se registraron 27,800 adolescentes indígenas de entre 12 y 17 años que ya vivían en unión o matrimonio.
La iniciativa propone reformar el artículo 113 BIS para declarar imprescriptibles los delitos cometidos contra menores y adicionar un Capítulo V que tipifique el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años con penas de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientos días de multa, aumentando hasta en una mitad cuando la víctima pertenezca a pueblos o comunidades indígenas, afromexicanas, sea persona con discapacidad o pertenezcan a un grupo de atención prioritaria.
“No podemos seguir permitiendo que niñas y adolescentes vean truncado su futuro por prácticas violentas y discriminatorias. Es urgente reforzar la ley para garantizar su protección y su derecho a una vida libre de violencia”, afirmó Vanesa García, presidenta de la Red.
Por su parte, Daniela García Salgado, vicepresidenta, señaló:
“Nuestra iniciativa no es solo un cambio legal, es una respuesta a una realidad que afecta a miles de niñas y adolescentes en Baja California y en todo México. Tipificar este delito y establecer penas más severas es un paso imprescindible para erradicarlo”.
La Red de Mujeres Unidas por BC hizo un llamado a las y los diputados del Congreso estatal a analizar y aprobar esta reforma, que armoniza la legislación de Baja California con compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, y que busca construir un Estado donde la infancia crezca libre de violencia y desigualdad.
