- Con la reforma se incorpora a los sindicatos como entes obligados a contar con protocolos de prevención, investigación y sanción de violencia política contra las mujeres.
- La iniciativa, originada en una propuesta ciudadana, fue presentada por el diputado Jorge Ramos.
Con el propósito de ampliar el alcance de las políticas para erradicar la violencia contra las mujeres e incluir a los sindicatos como espacios donde también pueden presentarse actos de violencia política de género, el Pleno de la XXV Legislatura aprobó la reforma al artículo 10 Bis de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Baja California, presentada por el diputado Jorge Ramos Hernández.
“Históricamente, los sindicatos han estado dirigidos por hombres, y es momento de que la ley reconozca y proteja el liderazgo político de las mujeres dentro de estos espacios”, expresó el legislador.
El Dictamen No. 9 de la Comisión de Igualdad de Género, que contiene la iniciativa, establece que instituciones, organismos, sindicatos, así como dependencias públicas y privadas, deberán contar con protocolos que contemplen mecanismos para la acreditación, investigación y sanción de conductas de violencia política contra las mujeres.
“La participación sindical de las mujeres debe reconocerse como una forma legítima de participación política, lo que implica prevenir y sancionar la violencia política que puedan enfrentar dentro de los sindicatos”, puntualizó Ramos Hernández.
Los sindicatos, como actores relevantes en la estructura laboral, tienen responsabilidad en la protección de los derechos de las personas trabajadoras y, por ello, deben integrarse a las medidas institucionales de prevención que establece la ley.
Previo a la votación, Jorge Ramos destacó la participación de la inicialista Erika Barrios, quien se encontraba presente en la sesión, y reconoció su trayectoria en la vida sindical en defensa de los derechos de las mujeres en Tijuana. “La reconozco, la aprecio y valoro mucho su iniciativa”, expresó.
Asimismo, agradeció a las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso del Estado, quienes durante una gira de trabajo por los municipios de Baja California recopilaron alrededor de 90 iniciativas ciudadanas en materia de seguridad, de las cuales surgió esta propuesta.
De esta manera, el dictamen obtuvo el respaldo unánime de las diputaciones, consolidando un paso firme hacia la igualdad y la protección de los derechos políticos y laborales de las mujeres en Baja California.