Donald Trump presentó este lunes su plan de lucha contra los opiáceos, causantes de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos, y reiteró su disposición a alentar el uso de la pena de muerte contra algunos traficantes de drogas.
Pero más allá de su resonancia, el anuncio del mandatario podría quedarse en la fase de mera exhibición política, pues su implementación, su alcance y su eficacia son objeto de muchas dudas.
«Si no somos duros con los narcotraficantes, estamos perdiendo el tiempo (…) y esta dureza incluye la pena de muerte», dijo Trump este lunes en Mánchester, New Hampshire.
«Quiero ganar esta batalla, no quiero irme en siete años sin que este problema esté resuelto», agregó, refiriéndose, como suele hacer, a un posible segundo mandato a la presidencia.
La dependencia a los opiáceos, una verdadera crisis de salud pública en Estados Unidos, fue colocada en un lugar prioritario por el presidente republicano.
En 2016, Estados Unidos registró unas 64.000 muertes por sobredosis, la mayoría de ellas relacionadas con opiáceos. Esta categoría de estupefacientes incluye a los analgésicos bajo prescripción médica como el oxycontin y el fentanilo, así como la heroína, a menudo mezclada con sustancias sintéticas.
«El Departamento de Justicia solicitará la pena de muerte contra los traficantes de droga siempre que sea posible según las leyes existentes», dijo la Casa Blanca, sin especificar más.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) denunció inmediatamente las propuestas, que calificó de «absurdas», y destacó que la Corte Suprema había «rechazado regularmente el uso de la pena de muerte en los casos en los que la persona acusada no fuera culpable de asesinato».
El plan de la Casa Blanca también espera «reducir la demanda» de opiáceos a través de la educación y de la lucha contra la prescripción excesiva. Asimismo hace hincapié en la necesidad de «ayudar a quienes luchan contra la adicción».
Según un informe de la ONG Harm Reduction International, Estados Unidos forma parte de la treintena de países en el mundo donde la ley establece la pena de muerte para ciertos delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Pero solo siete de ellos, incluidos China, Irán, Arabia Saudita, Singapur e Indonesia, recurren a esta con frecuencia.