- El nuevo ordenamiento permitirá resolver conflictos en menor tiempo, con menos gastos y mayor acceso a la justicia para la ciudadanía.
- La iniciativa del Magistrado Presidente Alejandro Isaac Fragozo López contó con el respaldo unánime del Pleno.
Con el propósito de regular los mecanismos alternativos de solución de controversias en casos donde las personas tengan libertad para decidir libremente en materia civil, familiar, mercantil y laboral, el Pleno de la XXV Legislatura aprobó por unanimidad la nueva Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California, que fortalecerá el acceso a la justicia y ofrecerá procedimientos más ágiles y flexibles.
La iniciativa fue presentada Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Alejandro Isaac Fragozo López, quien destacó que este ordenamiento permitirá fortalecer el acceso a la justicia y fomentar la cultura del diálogo y la negociación en procedimientos más cercanos, dinámicos y eficaces en comparación con los procesos judiciales tradicionales.
En los argumentos expuestos, el autor subrayó razones que respaldan la iniciativa, entre ellas: garantizar el derecho de toda persona al acceso a la justicia; dar cumplimiento a la reforma constitucional de 2008 que ordena prever mecanismos alternativos de solución de controversias; y armonizar la legislación estatal con la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias publicada en 2024.
Asimismo, subrayó la experiencia pionera de Baja California, que desde 2007 cuenta con una Ley de Justicia Alternativa y con sedes en Mexicali, Tijuana y Ensenada, además de servicios en juzgados de Tecate, Playas de Rosarito y de manera gradual en San Felipe y San Quintín.
En ese sentido, la nueva Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California se compone de 147 artículos ordinarios, distribuidos en 11 capítulos y acompañados de 12 disposiciones transitorias, lo que constituye un ordenamiento robusto y actualizado.
Además, la iniciativa visibiliza a las personas indígenas y afromexicanas para resolver conflictos en materia administrativa, comunitaria y escolar, respetando la normatividad aplicable en cada ámbito.
La aprobación unánime del Pleno confirma a Baja California como pionera en la materia y la alinea con los nuevos parámetros federales, fortaleciendo la justicia alternativa como un servicio cercano, eficiente y con enfoque de derechos humanos.
