- Para la cámara, es momento de brindar certeza a las inversiones ante un decrecimiento de la economía mundial.
Luego de que la consulta popular realizada en Mexicali arrojara un rechazo a la instalación de la cervecera Constellation Brands, la Cámara Mexicana de la Industria de la Transformación (Canacintra) de Tijuana exigió el respeto al estado de derecho.
Así lo señaló Francisco Rubio Rangel, presidente de la Cámara, al expresar que en estos momentos de crisis se necesita toda la ayuda con la que se pueda contar, inversión pública inteligente y una fuerte inversión privada, nacional e internacional.
«En Canacintra rechazamos la consulta organizada en Mexicali, con el objetivo político de frenar una fuerte inversión internacional, una inversión multimillonaria que se ve amenazada por el egoísmo y los cálculos electoreros de unos pocos que se oponen al beneficio de todos», afirmó.
Para el dirigente, México se encuentra en la antesala de una de las mayores crisis sociales y económicas de que se tiene memoria, debido a las consecuencias de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la caída en los precios internacionales del petróleo y la volatilidad de los mercados.
Detalló que en los últimos días la moneda nacional se depreció hasta alcanzar 25 pesos por dólar, mientras que las previsiones económicas proyectan un decrecimiento importante en la economía para este 2020.
«Estos datos nos situarían ante una de las mayores crisis económicas de la historia nacional, cuyo impacto social en de las familias mexicanas y, sobre todo, en aquellos que menos tienen, se vuelve de proporciones incalculables», subrayó.
De ahí que la Canacintra se manifiesta en contra de la consulta popular llevada a cabo el pasado 22 y 23 de marzo en Mexicali, donde se votó en contra de la instalación de un planta de Constellation Brands, Inc., a pesar de que ésta ha cumplido estrictamente con la leyes, reglamentos y normatividad aplicable a su proyecto.
Rubio Rangel destacó que, por años, estudios hechos por técnicos especialistas reportaron que la planta, al consumir el 0.2% del agua disponible en Mexicali (2,800 metros cúbicos por año) no pone en riesgo alguno el abasto de agua de calidad para los habitantes de la región.
Además, la empresa realizó negociaciones en los últimos siete meses con varias secretarías de estado, así como foros junto con Semarnat, que derivaron en un compromiso de huella hídrica neutra, es decir, que haría obras que captarían o ahorrarían un volumen igual al consumido de 5 millones de metros cúbicos por año.
«La libertad de empresa no se puede someter a consulta. Exigimos al Gobierno del Estado de Baja California y al Gobierno Federal que garanticen el estado de derecho, pues cancelar una inversión de 1,400 millones de dólares, que ya cuenta con permisos y acredita su sustentabilidad, representa no solo un atentado a toda empresa que quiere invertir en México, sino a las que ya están instaladas y operando», enfatizó el dirigente.
Recalcó que la economía no funciona si no se respeta libertad de empresa que garantiza el Artículo 5° Constitucional y que, pretender frenar con engaños una inversión tan importante, significa aniquilar miles de empleos y la creación de cientos de micro, pequeñas y medianas empresas locales que brindarían servicio a los trabajadores y a la propia planta.
«El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha exigido frenar este tipo de prácticas oscuras, por lo que la CANACINTRA se suma a este llamado de manera enérgica para acabar con las manipulaciones corruptas», pronunció Rubio Rangel.
Por último, expuso que la desinformación, como manera de conducir los asuntos públicos, solo fomenta el clima de polarización social que no cabe en el México de hoy, sino todo lo contrario, es un momento crucial para generar confianza y mantener la planta productiva activa y creciendo para favorecer a los ciudadanos.