El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez, lamentó que los gobiernos estatales y municipales hagan caso omiso de los señalamientos de cuidar a los periodistas, por lo que instrumentará un “semáforo” para marcar el nivel de avance de las autoridades.
Durante la presentación del estudios sobre el cumplimiento de cuatro recomendaciones generales que la CNDH ha realizado de 2004 a la fecha (la 7, de 2004; la 17, de 2009; la 20, de 2013 y la 24, de 2016), González Pérez dijo la gran mayoría de los gobiernos estatales y municipales han hecho caso omiso de los señalamientos de cuidar a los periodistas.
Un ejemplo de ello es que, a pesar de que el nivel de aceptación a dichas recomendaciones fue de 94 por ciento, la gran mayoría de las respuestas de las autoridades a la CNDH fueron simples acuses de recibo y no generaron políticas públicas para ser aplicadas en la realidad.
Recalcó que en el caso de la recomendación general 24, el 79 por ciento de los gobiernos estatales sólo respondieron por escrito mediante contestaciones rutinarias y burocráticas; 19 por ciento lo hicieron repitiendo lo que ya decía el expediente, y sólo en 33 por ciento hubo algún tipo de información a casos específicos de periodistas amenazados o agredidos.
Por ello, consideró que hay un claro “desdén” de autoridades al tema de la protección a los periodistas, como lo demuestra el hecho de que el mecanismo de protección a este gremio no tiene recursos asignados para el mes de octubre, y a que los tres niveles de gobierno han hecho caso omiso de las recomendaciones de la CNDH.
Dijo que de acuerdo a la quinta visitaduría general de la CNDH, la perspectiva es que en octubre se agota el presupuesto de protección a periodistas, lo que es preocupante “porque el tema de las agresiones no se ha revertido, el tema de la impunidad sigue latente”.
Por ello, hizo un llamado a autoridades a dotar de recursos suficientes al Mecanismo de Protección para el cierre de este año y para 2019, e insistió en que los gobiernos estatales deben nombrar enlaces con poder de decisión para cumplir con la Recomendación General 24, relacionada con la necesidad de proteger a los comunicadores amenazados o agredidos.