- Los organismos empresariales advirtieron sobre la serie de amparos que podrían generarse por parte de las compañías que invirtieron de buena fe en México.
Los consumidores mexicanos pagarán el precio de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Esto, apuntó, equivaldrá a 60 mil millones de pesos anuales que tendrán que financiarse o subsidiarse por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Cualquiera de las dos alternativas que se seleccione tendrá un impacto en los consumidores finales y el consumidor tendrá que pagar vía precios ese pantalón que le saldrá más caro, esa camisa, ese bien, ese kilo de tomate que va consumir este día, esa sopa o carne será más caro, porque la electricidad para producir será más cara. O por otro lado tendremos que pagar más impuestos para poderle dar al erario la cantidad de dinero suficiente para poder financiar los 60 mil millones de pesos”, argumentó.
“Es importantísimo siempre buscar la soberanía del país, pero estoy convencido de que la soberanía no se obtiene con retórica o discursos. La soberanía se construye cuando una sociedad puede ser eficiente y cuando asigna sus recursos de una manera óptima, cuando tiene debates encontrando las mejores decisiones en cada uno de los pasos que tiene que tomar”.
Estas declaraciones se dan luego de que la madrugada de este miércoles la Cámara de Senadores aprobó, en lo particular y sin cambios, con 68 votos a favor y 49 en contra, el dictamen de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, y lo envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Salazar Lomelín acusó que el Senado negó al sector privado exponer sus argumentos técnicos y económicos para que pudieran votar la iniciativa; esto, luego de que la Cámara de Diputados sí realizó un ejercicio de parlamento abierto.
El líder empresarial advirtió que podrían llegar una serie de amparos por parte de las compañías que invirtieron de buena fe en el país, como resultado de la aprobación de la Reforma Energética.
No obstante, confió en que el Poder Judicial protegerá los intereses económicos de las empresas que resulten afectadas por la iniciativa presidencial.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica promoverá la energía sucia y cara, y además afectará el futuro de todos.
“Los legisladores ignoraron a los ciudadanos, expertos y empresas al aprobar iniciativa preferente sin escuchar y sin cambiarle ni una coma. La LIE contraviene lo dispuesto en la Agenda 2030 de la ONU, lo establecido en el TMEC, el Acuerdo de París y la Constitución. Es grave que no se haya generado un Parlamento Abierto en el Senado lo que revela una intencionalidad política y no técnica, ni social, ni ambiental en su aprobación”, sentenció.
“Lamentamos que el proceso legislativo se haya realizado en fast track, sin darle voz a los ciudadanos. También lamentamos que, como resultado de las modificaciones a la ley, México opte por impulsar las energías más sucias y más caras”.
A través de un comunicado, la Coparmex indicó que en un análisis realizado con expertos llegó a la conclusión de que la iniciativa convierte a la CFE en un monopolio, situación que traerá graves consecuencias económicas, legales, sociales, de salud y medioambientales no solo a nivel nacional, sino también internacional.
“Entre las afectaciones principales destacan la eliminación de la lógica de eficiencia con la que actualmente se despacha la energía más barata en el mercado. Por ejemplo, el despacho a la energía termoeléctrica producida por la CFE tiene un costo de generación cinco veces mayor a la generación de energías limpias por empresas privadas. Esta reforma aprobada por el Congreso federal obliga a que la energía verde sea la tercera (o última) en ser despachada”, enfatizó.
“Esta reforma no contribuye a revertir los 15 meses al hilo en los que la confianza empresarial se encuentra en niveles pesimistas. Nuestro país debe otorgar certeza a los inversionistas sobre las reglas a partir de las cuales se tomaron decisiones de inversión que ya se encuentran en operación. En relación con las consecuencias legales, la modificación a la LIE puede terminar como letra muerta al provocar litigios desde su primer día que podrían llevarla a ser declarada inconstitucional, pues vulnera el artículo 28 de la Carta Magna”.
“Pero también impactará negativamente los acuerdos tomados en materia de protección de las inversiones en territorio nacional, no solo en el T-MEC, sino también en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), así como en acuerdos ya concluidos, pero pendientes de ratificar, como el caso del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM modernizado)”, agregó.