Un fraude en créditos para personas jubiladas y pensionadas fue reportado por dos ciudadanos cuyas firmas y huellas dactilares fueron falsificadas por trabajadores de una compañía de nombre “Credifiel”, misma que opera en instalaciones del Seguro Social.
Josefina Díaz Ruiz y Eugenio Arvizu presentaron ante EL MEXICANO la resolución del caso por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), documento que indica deben ser indemnizados por la persona que falseó sus datos personales, sin embargo, tras más de dos años del delito, no han sido compensados.
Explicaron que todo inició cuando en el año 2015, en una de sus visitas al Seguro Social fueron invitados a un módulo instalado en el hospital, donde una empleada de Credifiel de nombre Lina ofreció proporcionarles un préstamo a liquidar en 36 mensualidades de 800 pesos, sin embargo, la mujer les dio contratos por cantidades que ellos no solicitaron, mediante un trámite engañoso.
En el caso de Josefina, se interesó en un préstamo de 20 mil pesos para pagar en 36 mensualidades, pero la promotora le hizo un contrato por 43 mil pesos a pagar en 60 mensualidades; finalmente Josefina se endeudó por 115 mil pesos, al aplicarse la tasa de interés.
Afirma que la empresa Credifiel no se responsabiliza y señala que la PGJE ha comprobado que las huellas dactilares y la firma que aparece en dicho contrato no son las suyas, por lo que se ha citado a la responsable del fraude (Lina) para que cubra una indemnización, sin embargo, la empleada de la empresa de préstamos no se presentó ante las autoridades.
Por su parte, el señor Eugenio también fue abordado en las instalaciones del IMSS por un empleado de la empresa Credifiel, quien bajo el mismo método realizó la tramitología para proporcionarle un crédito superior al que él solicitó; indica que sus documentos fueron retenidos y su firma falsificada; finalmente se encuentra pagando un prestamo con una tasa elevada de interés y a más mensualidades de las que se le garantizó al momento de ser captado.
“Solicité un crédito por 36 meses y me dieron uno por 60 meses, que todavía estoy pagando…la procuraduría determinó que no es mi firma pero no se ha resuelto que me paguen”, comentó.
Los jubilados aseguran que la compañía continúa operando en módulos establecidos en el edificio del Seguro Social sin que las autoridades tomen cartas en el asunto; presentaron la documentación en la que la PGJE establece un citatorio para que la implicada en el fraude cumpla con la sanción correspondiente.
“Pues hacer un llamado para que se cumpla con la ley, que las autoridades ejerzan presión y que no se permita ya que esa compañía esté ahí engañando, impunemente”, expresó Josefina.
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