La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia que había validado la asignación de más de 81.8 millones de pesos al Partido Encuentro Solidario de Baja California (PES BC), al considerar que dicha distribución vulnera los principios de equidad, proporcionalidad y pluralismo político.
La determinación deja sin efectos la resolución previamente respaldada por la Sala Regional Guadalajara y el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), que otorgaba al partido local la totalidad de los recursos correspondientes a la bolsa destinada a fuerzas políticas con registro exclusivamente estatal.
El caso surgió debido a que el PES BC es actualmente el único partido local con derecho a recibir financiamiento público en esa categoría, situación que le permitía concentrar tanto la parte proporcional como la parte igualitaria de los recursos, alcanzando un monto superior al financiamiento conjunto asignado a los partidos políticos nacionales acreditados en la entidad.
Ante este escenario, Morena, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ciudadanos promovieron recursos legales argumentando que la distribución generaba una ventaja desproporcionada y afectaba las condiciones de competencia política en Baja California.
Durante la sesión pública, la mayoría de los magistrados respaldó el proyecto presentado por la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, quien planteó la necesidad de revisar la aplicación de la fórmula de financiamiento en un contexto excepcional como el de Baja California, donde solo existe un partido con registro local.
La Sala Superior concluyó que la distribución aprobada por el órgano electoral local provocaba una concentración excesiva de recursos públicos en una sola fuerza política, alterando el equilibrio entre los partidos y comprometiendo los principios constitucionales que rigen el financiamiento público electoral.
Con esta resolución, el TEPJF ordenó revisar nuevamente la asignación de recursos para garantizar condiciones más equitativas entre las distintas fuerzas políticas que participan en la vida democrática de Baja California.