- Garantizar el derecho al futuro implica acciones individuales, comunitarias o globales, entre ellas la sostenibilidad ambiental, educación de calidad y accesible, justicia social, innovación y desarrollo sostenible, participación ciudadana y salud, así como políticas de largo plazo.
El inicio de un año nuevo, nos da la pauta para reflexionar sobre el derecho al futuro de quienes habitamos este planeta y de las nuevas generaciones a quienes deberíamos heredarles las condiciones necesarias para una vida digna, expresó el Ingeniero bioquímico José Carmelo Zavala, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental A.C. (CIGA)
El experto en temas ambientales destacó el poderoso precedente que ha sentado la judicialización del derecho al futuro, desde la perspectiva ambiental en Estados Unidos. Explicó que en el estado de Montana un grupo de jóvenes impugnó las políticas estatales que promueven la extracción de combustibles fósiles y prohíben tomar en cuenta el impacto climático. La resolución fue favorable para los demandantes en congruencia con la constitución estatal que ofrece garantías a sus ciudadanos en temas ambientales.
Egresado del programa LEAD por el Colegio de México, José Carmelo Zavala, consideró que tras la pandemia del Covid-19, también quedó demostrada la imperante necesidad de reconocer el futuro como un derecho humano y garantizar su consolidación, sobre todo entre los grupos más vulnerables, quienes por lo general resultan más afectados.
En México, como en otros países, las necesidades básicas como agua potable, alimentos, seguridad, salud, educación, empleo, se cumplen en mayor o menor medida según la región y la cantidad de recursos y políticas públicas. Pareciera que es un futuro casi obligatorio para las siguientes generaciones, pero que puede cambiar con el cumplimiento de las leyes y reglamentos existentes.
“En la Constitución Mexicana está plasmado el derecho a un ambiente sano y aunque no tenemos la misma cultura de la legalidad que en otros países y nos falta trabajar más en la credibilidad para tener un mejor estado de derecho y confianza en nuestros sistemas judiciales. Tenemos buenas leyes y reglamentos, aunque su implementación aún es una buena área de oportunidad”, subrayó.
El 12 de noviembre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó la Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras.
Más que una declaratoria, es una guía de oportunidades fundadas en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad, en la que destaca el artículo 4.
Artículo 4 – Preservación de la vida en la Tierra
“Las generaciones actuales tienen la responsabilidad de legar a las generaciones futuras un planeta que en un futuro no esté irreversiblemente dañado por la actividad del ser humano. Al recibir la Tierra en herencia temporal, cada generación debe procurar utilizar los recursos naturales razonablemente y atender a que no se comprometa la vida con modificaciones nocivas de los ecosistemas y a que el progreso científico y técnico en todos los ámbitos no cause perjuicios a la vida en la Tierra”.
El director del CIGA, consideró que el derecho al futuro es la responsabilidad de asegurar que las decisiones actuales no comprometan las posibilidades y la calidad de vida de las futuras generaciones. Implica políticas que protejan el medio ambiente, fomenten la igualdad de oportunidades, garanticen el acceso a la educación y la salud, y promuevan sociedades justas y sostenibles.
Garantizar el derecho al futuro implica acciones individuales, comunitarias o globales, entre ellas la sostenibilidad ambiental, educación de calidad y accesible, justicia social, innovación y desarrollo sostenible, participación ciudadana y salud, así como políticas de largo plazo.