Por primera vez en México, la ciudadanía elige directamente a quienes impartirán justicia; Congreso refrenda su compromiso con la legalidad y la transformación del Poder Judicial.
En una sesión extraordinaria que marca un antes y un después en la historia de la justicia en México, el Congreso del Estado de Baja California tomó protesta a 24 magistraturas, 148 juezas y jueces, así como a 2 consejeros de administración del Poder Judicial, todos electos mediante el voto directo de la ciudadanía en la pasada jornada electoral del 2 de junio.
El acto, encabezado por el diputado presidente de la Mesa Directiva, Jaime Eduardo Cantón Rocha, tuvo lugar en el recinto legislativo con la presencia del Secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, en representación de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, además de representantes de distintos órdenes de gobierno y medios de comunicación.
Más allá de la formalidad, la sesión representa un momento de inflexión institucional. La toma de protesta no solo cumple con lo estipulado en la Constitución Política del Estado de Baja California (artículo 60, fracción XI), sino que también cristaliza una demanda ciudadana largamente postergada: un Poder Judicial autónomo, transparente y elegido por el pueblo.
“Este momento representa el cumplimiento de una demanda histórica: construir un Poder Judicial al servicio de la gente, libre de privilegios, corrupción e influyentismo. Que la justicia sea pronta, imparcial y accesible para todas y todos. Que nunca más el interés personal se imponga sobre el bien común”, enfatizó el diputado Cantón Rocha durante su intervención.
Un nuevo rostro para la justicia
Las 24 magistraturas designadas se distribuyen en 17 numerarias, 4 supernumerarias y 3 correspondientes al Tribunal de Disciplina Judicial, sumándose al nuevo entramado institucional junto con las 148 personas juzgadoras y los 2 consejeros de administración.
El proceso, legitimado por el sufragio popular, introduce un paradigma inédito en el país: la elección judicial por voto directo, un mecanismo que, aunque controversial, apunta a democratizar el acceso al poder y desarticular redes de poder tradicionales que durante décadas han operado tras bambalinas en el sistema judicial mexicano.
Un paso hacia la justicia ciudadana
El Congreso local refrendó con este acto su compromiso con la legalidad, la equidad y el fortalecimiento institucional. La jornada no solo fue una toma de protesta, sino una afirmación política de fondo: la justicia ya no será una instancia lejana y opaca, sino una expresión directa de la voluntad popular.
Este momento marca el inicio de un nuevo ciclo para el Poder Judicial de Baja California, ahora más cerca de la ciudadanía y con el reto de demostrar que la elección democrática no solo es posible, sino deseable en la impartición de justicia.
Si bien el avance representa un hito en términos democráticos, no está exento de desafíos: ¿podrá el sistema garantizar que la elección popular no se convierta en una puerta a la judicialización de intereses partidistas? ¿Están preparados los nuevos juzgadores para ejercer su función con independencia en un entorno de alta politización?
La legitimidad de origen que otorga el voto deberá sostenerse con resultados concretos: sentencias justas, procesos transparentes y una justicia accesible y confiable para todas las personas. El tiempo dirá si este ambicioso experimento político será también un modelo replicable para otros estados del país.