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Plantean que cuerpos policiacos y de seguridad se apeguen a la perspectiva de género

Publicada el 20 julio, 202620 julio, 2026 por Andrés Salcido
  • Diputada Montse Murillo presenta iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado.
  • Al armonizarla Baja California se coloca en la ruta de la transformación institucional con sentido de justicia, legalidad y humanidad.

La Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, presentó una reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado, con el objeto de que el actuar de los cuerpos policiacos y de seguridad se apeguen a la perspectiva de género.

Actualmente, dicha Ley no contempla, de forma expresa ni obligatoria, que la actuación de los elementos de las instituciones de seguridad deba regirse por este principio, dejando esa responsabilidad en el terreno de la interpretación o de disposiciones secundarias no vinculantes.

Esta omisión normativa, produce efectos concretos como: la falta de uniformidad en los criterios de actuación; la perpetuación de prácticas discriminatorias; la revictimización de personas en situación de vulnerabilidad, y la inexistencia de mecanismos claros de evaluación y rendición de cuentas.

La Diputada Montse Murillo señaló que, diversas dependencias han emitido manuales o lineamientos internos sobre atención con perspectiva de género, sin embargo, su aplicación no es obligatoria ni sistemática.

Por ello, consideró que la presente reforma, podría ser el punto de partida para futuras medidas complementarias, como la certificación obligatoria con enfoque de género, la creación de cuerpos especializados o la evaluación externa de protocolos operativos.

Indicó que al incorporar expresamente en la Ley este principio y el enfoque diferenciado en la actuación policial, armoniza nuestro marco normativo con los estándares nacionales e internacionales, y coloca a Baja California en la ruta de la transformación institucional con sentido de justicia, legalidad y humanidad.
Finalmente, puntualizó que esto no sólo fortalece la operatividad de los protocolos institucionales, sino que también permite que las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil puedan exigir su cumplimiento y denunciar su omisión.

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